Es una práctica recurrente invocar los principios de la Ley de Procedimiento Administrativo General cuando se pretende validar decisiones ante situaciones o escenarios límites en las que determinadas normas son rígidas, equívocas o simplemente no existen. Este uso ubicuo y flexible, abre un espacio problemático: ¿hasta qué punto representa una necesidad legítima y no a una estrategia para eludir límites, redistribuir competencias o reinterpretar el mandato institucional a conveniencia? Una forma de responder a esta pregunta, y a otras de similar textura, es hacer un estudio exhaustivo y minucioso del catálogo de principios que establece la LPAG tomando en cuenta sus bases doctrinarias, su desarrollo normativo, su evolución jurisprudencial y su aplicación práctica. Este es el aporte utilísimo de la presente obra.
“El hecho de haberse positivizado los principios en las leyes como acontece con la ley peruana, objeto del análisis de este libro, no debe desconocer su primacía ni su funcionalidad a la hora de utilizarlos para cubrir las lagunas o resolver las discordancias que presentan los ordenamientos positivos”.
Juan Carlos Cassagne, uno de los grandes juristas del Derecho Administrativo en Hispanoamérica.
“Mi formación en Derecho me lleva a acudir primero a los principios que a las normas específicas que regulan una materia cuando abordo un caso. (…) Esa perspectiva desde los principios siempre le ha aportado singularidad y excelencia a mi análisis jurídico”.
Milagros Maraví Súmar, líder del Área de Derecho Administrativo y Regulatorio de Rubio Leguía Normand Abogados. Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo – APDA.
“La inobservancia a cualquiera de los principios debe ser considerada como más grave que el incumplimiento de cualquier otra norma sustantiva o procedimental dentro de la tramitación de un expediente, ya que el infractor no solo viola una regla jurídica sino uno de los valores que subyacen a todo el régimen jurídico de la materia”.
Juan Carlos Morón Urbina, socio del Estudio Echecopar. Catedrático de Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo – APDA.
