Hemos visto en la pandemia del COVID que el Estado, todos los Estados, han tenido que responder con decisiones que afectaban a los derechos fundamentales en poco tiempo. La literatura jurídica ha surgido ante un nuevo estado de cosas, jugando con las palabras, por lo que este trabajo se enmarca en el origen del problema: las decisiones de los gobernantes deben tener apoyo normativo, incluso obedeciendo a crisis sanitarias, como se ha visto en el caso del estado de excepción español. Pero existe una segunda reflexión, y es el papel que juega el principio-norma consagrada de la responsabilidad del Estado en cuanto a su alcance, ante los nuevos retos tecnológicos, energéticos, sanitarios, de alimentación... de la ciudadanía. Tres frentes de reflexión —el teórico, el jurisprudencial y el sociológico— confluyen para poder proponer un nuevo cauce de petición de responsabilidad al Estado ante los nuevos retos de la energía, el clima, la educación, el medioambiente y los derechos sociales como exigibles.
