En la presente obra, hemos considerado que un mismo hecho o varios hechos pueden traer consigo distintas responsabilidades, no solo la administrativa, que es la que principalmente nos interesa, sino que paralelamente pueden presentarse y atribuirse otras responsabilidades a los servidores del Estado, ya sean de índole civil, penal, política, moral y ética, por lo que las analizamos y estudiamos por separado; incluyendo criterios jurisprudenciales y doctrinales referidos a estos temas.
La finalidad de la Ley de Contrataciones del Estado es establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados para que las contrataciones sean efectuadas en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad; permitiendo el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Esto significa que el Estado debe dictar periódicamente las medidas necesarias para que estos fines se cumplan, señalando las responsabilidades de quienes afectan los intereses públicos y el patrimonio que se asigna a cada entidad estatal.
La trascendencia que tienen las contrataciones públicas en la actualidad hacen necesario que se sigan produciendo fundamentales cambios en la estructura, organización, funciones, procedimientos, solución de controversias, sanciones y toda la regulación necesaria para que reviertan las condiciones y resultados negativos que tiene el actual organismo encargado de la intervención y supervisión de las compras públicas. Por lo que ante el crecimiento, complejidad e importancia que tienen las compras públicas en todos los niveles de la Administración, hemos propuesto que el Gobierno debe crear una Superintendencia de Contrataciones del Estado que remplace y potencie al OSCE, para que exista una mayor eficiencia y eficacia en la aplicación y regulación de las normativas.
