Bajo este título se recoge una amplia visión del desafío que representa la criminalidad organizada y cómo esta realidad representa sin tapujos, no sólo un problema de seguridad y orden públicos, sino una amenaza seria y directa a los sistemas democráticos y al orden constitucional. Frente a este panorama, el autor, tras un análisis en profundidad del fenómeno criminal organizado y de cómo este impacta nocivamente en los valores y principios democráticos y constitucionales, en los elementos nucleares que conforman el Estado de Derecho, la división de poderes y el imperio de la ley –poniendo en serio peligro la independencia de las instituciones públicas y la prevalencia de la defensa de lo público frente al interés privado hasta el punto de producirse episodios de cooptación estatal–, propone una serie de medidas que contribuyen a conformar un escudo constitucional sólido frente al poder del crimen organizado que permita la defensa de los sistemas democráticos, las instituciones y, en especial, los derechos y libertades públicas constitucionalmente amparados frente a esta lacra. Todo ello sin ceder un ápice del espacio democrático y sin deslizarse por derroteros iliberales en la búsqueda de herramientas y estrategias constitucionales de garantía y protección, que nos aboquen irremisiblemente por una u otra razón, a escenarios de democracia sin democracia.
