Nos indica el profesor Arocena que la práctica de la prueba es una garantía contra
la decisión puramente arbitraria, gratuita,
pero que las pruebas no deciden por sí
mismas, sino que han de pasar por el tamiz
de su valoración por el juez. Las pruebas
prueban lo que el juez dice que prueban.
De la misma manera, podríamos añadir
nosotros que las normas jurídicas que
vienen al caso vinculan al juez para que
este no decida arbitrariamente, como se
le antoje y haciendo de su capa un sayo.
La arbitrariedad perfecta sería la del juez
decidiendo sin atender a pruebas que le
impidan sentenciar sobre lo que a él le gustaría o le interesaría que hubiera pasado,
en vez de sobre lo que en realidad (probablemente) pasó, y sin atenerse tampoco
a normas que limiten su deseo de elevar
a ley su personal voluntad. Y así como es
el juez el que valora la prueba, es el juez
quien interpreta la norma, y ni la prueba ni
la norma limitan sin la mediación del juez y
su correspondiente margen valorativo.
