El concepto de Constitución, lo mismo que
otros conceptos y categorías, tanto jurídicas como políticas, deben dejarse influir por
aquello que es propio del Estado constitucional de derecho en el que pretenden operar.
Y lo propio del Estado constitucional es que
la validez y eficacia de las distintas decisiones
públicas y privadas que se adopten, dependerá de su ajustamiento no solo a exigencias
formales y procedimentales, sino también, y
relevantemente, a las exigencias de justicia
material que en relación a la Persona existen.
Estas exigencias vienen conformadas tanto
por el valor de la Persona, es decir, la dignidad humana; como por el conjunto de derechos que se entroncan directa y fuertemente
con el ser y valor de la Persona, es decir, con
los derechos humanos.
Un concepto de Constitución así influido, necesariamente reclama entender que la Constitución se ha convertido en el primer y más
importante instrumento, jurídico y político,
al servicio de la Persona. Colocar a la Constitución al servicio de la Persona, no solo es
el camino menos pedregoso sino también el
más eficaz para poner a todo el ordenamiento jurídico nacional a sus pies.
