EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA MECANISMOS PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS DE

EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA MECANISMOS PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS DE. Mecanismos para la prevención de los conflictos de intereses y la lucha contra l

Editorial:
EDICIONES CIVITAS S.A / ARANZADI
Edición:
Materia:
Derecho
ISBN:
978-84-9059-065-2
Páginas:
384

La opacidad, el abuso en las adjudicaciones, la influencia indebida de intereses privados, la parcialidad o los favoritismos son algunas manifestaciones de la mala administración en la contratación pública. Buena parte de ellas son la expresión de conflictos de intereses que si no se gestionan adecuadamente pueden llevar a la aparición de casos de corrupción que la ciudadanía considera como uno de los principales problemas contemporáneos.
A través del principio de integridad, el Derecho administrativo puede evitar la aparición de conflictos de intereses, luchar contra los casos de corrupción y, al fin y al cabo, favorecer la buena administración en la gestión de la contratación pública.
La integridad persigue la coherencia de la actuación de los cargos y empleados públicos con los valores, principios y normas que la guían con el fin de evitar la existencia de conflictos de intereses e impedir el abuso de la posición que ocupan para obtener beneficios propios. La integridad se fomenta y se garantiza a través de diferentes mecanismos agrupables alrededor de cuatro ejes: la transparencia, la buena gestión, la prevención de malas conductas y los conflictos de intereses y el control y la rendición de cuentas en la contratación pública.
En el libro se lleva a cabo un estudio en detalle de todos estos mecanismos y se valora su eficacia proponiendo aquellas modificaciones necesarias para poder garantizar adecuadamente la integridad en la contratación pública y responder a las nuevas demandas sociales. Asimismo también se analizan las medidas incluidas en los diferentes planes de regeneración democrática impulsados por las administraciones públicas españolas así como en la Ley 19/2013, de 3 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno y en la futura regulación europea sobre contratación pública.